Abril 2020,
Según las cifras que vienen publicando los informes oficiales de la ONU, se producen más de 800.000 muertes anuales por suicidio en el planeta. La dificultad a la hora de recoger datos en algunos países hace presumir que la cifra pueda ser bastante superior.
En cualquier caso, son muchas más las tentativas que no acaban consumándose, bien por un cambio de decisión o arrepentimiento de la propia persona que ha decidido inicialmente poner fin a su vida, bien por causas ajenas a su voluntad.
La ratio se estima en un suicidio consumado por cada 20 tentativas.
Según los datos que ofrece la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), alrededor del 75% de las personas que deciden poner fin a su propia vida son hombres. La cifra es muy significativa. Más aún cuando se mantiene en prácticamente todos los países y culturas.
El riesgo se multiplica cuando el hombre alcanza la vejez y se encuentra en una situación de aislamiento social.
Según los expertos, más del 90% de los suicidios están relacionados con trastornos o enfermedades mentales, mayormente asociadas al estado de ánimo. La Depresión se encuentra latente en un elevado número de casos.
Más allá de eliminar estigmas y etiquetar gratuitamente a las personas que pretenden acabar con su vida, cabe entender el comportamiento suicida como una voluntad de poner fin a un sufrimiento. Éste no sólo se limita a la propia persona, sino que en muchos casos el sujeto tiene la percepción de que se está haciendo sufrir al propio entorno. Esta percepción produce una sensación de ahogo e incrementa el padecimiento.
Los factores que llevan a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida son diversos y complejos. Cuando la angustia emocional se cruza con circunstancias traumáticas puntuales se genera un ambiente en el que el suicidio se vuelve una opción. El simple hecho de plantearse esa opción debería ser considerado en sí como un elemento de riesgo y activar todas las alarmas.
Por ello se hace indispensable elaborar planes a gran escala, con implicación directa de todos los estamentos y administraciones, dirigidos a abordar el tema. Procede diseñar estrategias para mejorar el nivel de prevención, por un lado, pero también desarrollar e invertir en los recursos necesarios para llevar a cabo la atención que los familiares supervivientes requieren, por el otro.
